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IGC octubre 2014 | Índice de Garantía de la Competitividad

Con el anteproyecto de Ley de Desindexación se crea un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) como forma residual de actualización de los precios. Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. Tendrán un techo del 2% y un suelo del 0%.

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Afectará también a los precios de los contratos públicos. Las revisiones de precios estarán relacionadas con los costes directos del servicio y no con otros elementos ajenos. Cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación. Se trata con ello de evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado.

Pero lo cierto es que partimos con desventaja a la hora de implantar este nuevo índice. Esto se debe a que no se calculará con nuestra inflación, sino con la de la eurozona, que normalmente es más baja. Como sabemos el IPC es un índice que incluye una cesta con los productos más representativos de la economía.  El IGC tendrá como base el IPC de la Eurozona y se le restará la pérdida de competitividad de otros años desde la entrada en vigor del euro.

En los contratos del sector público y privado el nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). El uso de este nuevo índice se acabará aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Este sería el caso de los contratos de arrendamiento, en los que se suele incluir una cláusula para actualizar el precio del alquiler año a año teniendo en cuenta la evolución del IPC.

En el próximo año, se estima un ahorro de 350 millones, teniendo en cuenta que acabemos el año con una inflación del 1%. En caso de un shock positivo por un aumento de demanda, el empleo podría crecer un 1,05% más con esta nueva medida.

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