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IGC septiembre 2014 | Índice de Garantía de la Competitividad

El principio general es desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por parte del sector privado de la misma práctica. Contribuirá a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales y otras reformas como la de las pensiones.

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La nueva ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas y tendrá un amplio efecto en las economías familiares. Se estima que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales -el 3,5% del PIB-. En cuanto al sector privado, la adopción será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, no se aplicará la indexación de forma automática.

La norma no afectará a las pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado como en el del personal laboral del sector público). Sí lo hará en transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, bombona de butano, multas y otras sanciones, entre otros servicios públicos.

Afectará también a los precios de los contratos públicos. Las revisiones de precios estarán relacionadas con los costes directos del servicio y no con otros elementos ajenos. Cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación. Se trata con ello de evitar los llamados efectos de segunda ronda en la economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado.

Con el anteproyecto de Ley de Desindexación se crea un Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) como forma residual de actualización de los precios. Será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que hayan pactado una cláusula de revisión pero no la hubieran especificado. Tendrán un techo del 2% y un suelo del 0%.

En los contratos del sector público y privado el nuevo índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). El uso de este nuevo índice se acabará aplicando también el sector privado, puesto que algunos sectores económicos tienden a actualizar sus precios en función de la inflación. Este sería el caso de los contratos de arrendamiento, en los que se suele incluir una cláusula para actualizar el precio del alquiler año a año teniendo en cuenta la evolución del IPC.

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